Ante el endurecimiento en las políticas migratorias y el consiguiente aumento de violaciones a los derechos de los migrantes —menores de edad muchos de ellos— que carecen de documentos en México y Centroamérica —tanto en origen, tránsito, destino y retorno—, la protección consular debe posicionarse, institucionalizarse y consolidarse como política de Estado. Por fortuna, en la última década los gobiernos centroamericanos —siguiendo el ejemplo de México— han comenzado a situar la protección consular como una política pública prioritaria; sin embargo, se sigue privilegiando el trabajo diplomático sobre el consular.
El Salvador, Guatemala y Honduras, los tres países que conforman el Triángulo Norte Centroamericano (TNCA), se caracterizan por tener regímenes de bienestar excluyentes e informales que promueven la emigración de sus ciudadanos. En este documento se muestran los principales rasgos del gasto social para educación, salud y protección social. Al final se presentan algunas propuestas de política pública orientadas a mejorar los Regímenes de Bienestar de los países del TNCA, para que su población no vea en la migración una solución ante la precariedad, o para que aquellos que retornan a sus países de origen, encuentren un contexto distinto al que cuando decidieron migrar.
La violencia que enfrentan los migrantes centroamericanos que utilizan las planicies del Golfo de México para llegar a Estados Unidos surge de una situación histórica y geográfica peculiar. En esos territorios el Estado mexicano ha visto cómo algunas de sus instituciones de seguridad pública han sido capturadas por el crimen, generando riesgos a la seguridad nacional y la seguridad humana.
Aunque durante décadas el activismo político de la sociedad civil mexicana sobre asuntos migratorios se concentró en la comunidad que radica en Estados Unidos —donde se ubica el 98% de los mexicanos en el extranjero—, la llegada a México de miles de refugiados guatemaltecos en la década de los años ochenta inició, por primera vez en este país, un proceso de apoyo a la población extranjera en tránsito, encabezado principalmente por organizaciones internacionales y religiosas.